Diario de una sentencia

Mario tenía 18 años aproximadamente cuándo empezó con problemas. No se encontraba bien. Buscaba soluciones a su ansiedad y su malestar saliendo con amigos que resultaron poco recomendables. Estudiaba poco, tonteaba con drogas y tenía siempre una gran angustia.  Fue un camino largo durante el que la familia nos volvíamos del revés intentando comprender lo que le pasaba, en qué nos habíamos equivocado y cuándo pasó de ser un niño querido y feliz a esta situación.

Él pronto fue consciente de que algo no era normal en su comportamiento y sus sentimientos, y empezamos a buscar ayuda: psicólogos, psiquiatras… Entre tanto terminó el bachillerato e hizo dos ciclos formativos: uno medio y otro superior. Comenzó a mejorar. Tenía una gran fuerza de voluntad y la absoluta convicción de que debía organizar su vida.

Tocaba ya la hora de trabajar. Intentó varias veces hacerlo en empresas en las que fue incapaz de permanecer. Tenía una buena conducta en el trabajo y se esforzaba, pero no conseguía que lo aceptaran, siempre hacía algo inadecuado que provocaba su despido. Su padre que tenía una empresa en la que no quiso en principio trabajar, lo contrató y empezó en serio su carrera laboral. Estuvo trabajando durante diez años pero cada vez estaba peor, a pesar de que nunca abandonó su tratamiento ni sus terapias. Hace aproximadamente 3 años llegó al tope. La angustia y la ansiedad le comían. Alguien nos indicó que podía darse de baja laboral y el médico de cabecera se la dio. Así comenzó otra etapa en la que tuvo que pasar por tribunales de evaluación, informes de los profesionales que le atendían y la Mutua le pagaba parte de su sueldo. Una vez pasados 18 meses de baja, tenía que tener una evaluación definitiva: pasaba a la incapacidad permanente o le daban el alta. En febrero de 2019, el tribunal de evaluación optó por lo segundo. Desde ese momento la Mutua dejó de pagarle.

Los informes de los profesionales insistían en que Mario no podía trabajar. Pero el tribunal, que nunca lo vio y  que solamente se basaba en los informes de sus terapeutas, decidió que ya estaba preparado para reanudar su actividad laboral.

Durante todo el proceso, distintos profesionales  nos animaron a dar la batalla, a seguir hasta el final, alegando que el proceso judicial estaba ganado dada la dureza de los informes que habíamos aportado.

¿Qué opciones teníamos ahora? Solamente ir al juzgado de lo Social para defenderse ante el juez. Buscamos un abogado y en abril se planteó el juicio. Este se celebró en enero de 2020. Como estaba previsto, los representantes de la  administración demandada no aportaron nada en contra de la demanda y esperamos la resolución con esperanza renovada. Con el confinamiento apareció un nuevo temor, ¿cuánto tiempo se retrasaría la sentencia? Mario no cobraba ni un euro desde el alta. Él vivía independiente con su pareja que trabajaba a media jornada. Tuvo suerte porque su familia pudo responder y ayudarle para mantener esta independencia, pero cabe preguntarse cómo puede vivir alguien que no tenga quien le cubra en estas circunstancias.

Por fin el día 5 de mayo se recibió la sentencia. Se le concedía la incapacidad absoluta.  Esto supone 14 pagas anuales y la retribución con efecto retroactivo desde que dejó de cobrar, desde febrero de 2019.

¡Vaya descanso!, ha costado mucho pero está conseguido. La sentencia sienta, además, un precedente ya que muy pocas veces se consigue una sentencia favorable en un caso de enfermedad mental y menos de TLP.

Así que ya sabéis que no hay que tener reparos en llegar al final. No es lo ideal. Todos quisiéramos que nuestros afectados no tuvieran que pasar por todo el sufrimiento que la enfermedad les crea, pero como eso no podemos controlarlo, hay que buscar otras salidas para ellos. Para que puedan vivir tranquilos, para tener su vida y mantener su independencia. ES UN DERECHO.